23 ABR 2013 00:00h – Clarin
EN LA JUSTICIA DEFENDIERON UN ARGUMENTO QUE CRITICÓ CRISTINA
Contradicción del Gobierno por los derechos de empleadas domésticas
Por LEONARDO MINDEZ – Clarin
“Es sorprendente. Con tanto camarista suelto, tanto juez titular, tanto subrogante repartiendo y revoleando medidas cautelares, a ninguno se le ocurrió declarar inconstitucional este decreto-ley que condenaba a las mujeres que trabajan en las casas a no tener los derechos del resto de los trabajadores argentinos”.
Como parte de su escalada contra el Poder Judicial, la Presidenta aprovechó el acto de promulgación de la nueva Ley de servicio doméstico, hace 12 días, para criticar que ningún juez se hubiera expedido contra el decreto que rigió el trabajo doméstico durante más de medio siglo privando a esas trabajadoras de derechos laborales fundamentales.
Pero lo cierto es que en la Justicia laboral existía algo con mayor peso específicoque una cautelar contra el decreto 356/56: un fallo que instaba al Poder Ejecutivo y al Legislativo a enmendar la discriminación legal que sufrían las empleadas domésticas. Pero ese fallo de 2008 había sido apelado por el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada que logró su revocación en la Cámara.
El caso fue iniciado en 2007, cuando María Zulema Zárate, que trabaja en el domicilio de Pamela Bisserier Díaz, quedó embarazada. La empleada y su patrona entablaron una acción de amparo para que el Estado cubriese la licencia de maternidad de Zárate (como lo hace con el resto de los trabajadores) y que inste a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que con “extrema urgencia” solucionen esa “inadmisible exclusión, olvido u omisión inconstitucional” que privaba a las empleadas domésticas de ese y otros derechos laborales.
Los abogados del Ministerio de Trabajo se opusieron a la demandaargumentando justamente que el empleo doméstico estaba reglamentado por el decreto 356/56 y que la eventual modificación legislativa podría atenderse recién después de que el Estado haya solucionado “sus problemas económicos básicos, como la deuda externa y otros compromisos a cargo del fisco”. En el expediente, al que tuvo acceso Clarín, el Gobierno sugería a la empleadora que “si quiere conservar su empleada y que ésta reciba salarios de maternidad y asignaciones familiares nada impide que ella se los solvente, no pudiendo exigir que sea el Estado el que solvente los gastos de los particulares”.
En julio de 2008, el Juzgado Nacional en lo Laboral 60 falló en favor de las demandantes ordenándose librar oficio al Poder Ejecutivo de la Nación y al Congreso de la Nación con la finalidad de dar respuesta satisfactoria al reclamo.
El Ministerio de Trabajo apeló la medida y en septiembre de 2008 la Sala VI de la Cámara del Trabajo revocó el falló de primera instancia.
El intento de ir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario fue denegado y las demandantes tuvieron que pagar costas a la abogada del Ministerio de Trabajo.
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