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- 26/09/14
Panorama empresarial. Washington tiene información de que el gobierno de Cristina Kirchner profundizará el hostigamiento y las amenazas contra compañías norteamericanas que operan en el país.
Frío y ardor. Obama y Cristina en el Consejo de Seguridad, el miércoles. / ADRIANA GROISMAN
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- Marcelo Bonelli
El gobierno de los Estados Unidos lanzó un alerta a las multinacionales que operan en la Argentina: les advirtió que se preparen para nuevos embates políticos de la Casa Rosada.
La directiva fue informal, pero precisa y para eso se utilizaron los canales diplomáticos habituales de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.
En Washington tienen la información de que Cristina Kirchner seguirá hostigando y amenazando a las empresas de origen estadounidense.
Para los diplomáticos, los ataques serían una represalia que la Presidenta quiere instrumentar como respuesta al fallo de Thomas Griesa en favor de los fondos buitre.
La información fue transmitida en algunos casos por el propio Kevin Sullivan, actual encargado de la Embajada de EE.UU. Pero también se la comentaron a varios CEO de multis y a diplomáticos estadounidenses de menor jerarquía. Nunca fue a través de una nota o un acto formal. El alerta se transmitió siempre en forma hermética e informal, sin dejar constancia oficial.
Clarín confirmó que el tema preocupa a los ejecutivos a cargo de las subsidiarias norteamericanas. Todos mantienen estricta reserva, por lo delicado de la cuestión. Pero la cuestión fue tratada en forma confidencial entre varios miembros de la Asociación de Bancos Argentinos, institución que aglutina a entidades como el Citibank, J.P. Morgan y American Express.
Los banqueros están sensibilizados, después de que Axel Kicillof amenazó con echar al Citibank en caso de no pagar vencimientos de la deuda. La situación depende de la audiencia de hoy con Griessa.
El mismo tema también fue comentado entre los máximos directivos de la AmCham, la organización en la que participan todas las compañías de Estados Unidos con inversiones en la Argentina. Entre otras, General Motors, Dupont, 3M, Cargill. Nextel y Coca Cola.
El hostigamiento que esperan de la Casa Rosada es político y económico para mostrar a las firmas como en una actitud contraria a la Argentina. Ya se presentaron situaciones que afectaron a American Airlines, Donnelly, el Bank of New York y General Motors.
El temor entre los hombres de negocios surge porque los embates se podrían hacer a través de las facultades para intervenir en las empresas que la ley de abastecimiento le otorgó a la Casa Rosada.
Cristina actúa así porque se siente desilusionada con Obama y acusa a la Casa Blanca de complicidad frente a la crisis de la deuda.
La Presidenta –en un grave error político y diplomático– creyó que el Departamento de Estado la ayudaría para que la Corte de EE.UU. tomara el caso y trasladar así la crisis de los buitres al próximo gobierno. La Casa Rosada está presa de sus contradicciones y de la mala praxis que usó en la encrucijada.
La propia difusión del contrato de Nación Fideicomiso abrió ayer un interrogante. De su texto se desprende que el dinero que se deposita para abonar los vencimientos puede ser utilizado por el Palacio de Hacienda para hacer otras inversiones y gastos.
La Presidenta está irritada y avalaría cualquier tipo de operativo contra firmas estadounidenses.
Esta cuestión también se consideró informalmente el lunes en la dura reunión de Copal, donde hay muchas multis de la alimentación. El encuentro que lideró Daniel Funes de Rioja fue convocado para evaluar el impacto de la ley de abastecimiento.
El conjunto de los miembros de la Copal rechazaron las negociaciones que abrió Héctor Méndez con Axel Kicillof e instruyó al propio Funes de Rioja a abortar las maniobras para dividir el frente empresario. También hubo un voto de censura por la participación de Méndez en Tecnópolis Copal primero y la UIA después ratificaron la decisión de presentarse ante la Justicia y pedir que la ley de abastecimiento sea declarada inconstitucional. Funes de Rioja dijo en la UIA: “La ley salió con la intención de responsabilizar a las empresas de la inflación que causa el Gobierno.
” Horas después, el Grupo de los 6 avaló la iniciativa y ratificó la unidad del movimiento empresario. El G-6 ya confirmó el trío de abogados que trabaja en la presentación judicial: Juan Carlos Cassagne, Daniel Sabsay y Jorge Vanossi.
En el encuentro hubo unanimidad de críticas y se rechazaron las promesas de Kicillof de corregir los desvíos de la ley con el decreto reglamentario.
Jorge Brito afirmó: “ Nos quieren engañar: un decreto no cambia la ley.” Luis Etchevehere fue duro, pero sorprendió la intransigencia de Adelmo Gabbi: “Cuanto peor le va al Gobierno, como ahora, más chances de que apliquen la ley para decir que nosotros somos los culpables del desastre.” Gustavo Weiss tuvo una actitud conciliadora y Carlos de la Vega primero trató de evitar la decisión tajante contra el Gobierno. Como no tuvo plafón, después la acompañó. Así, por primera vez en una década el movimiento empresario toma una decisión conjunta contra una medida de la Casa Rosada.
La acción refleja la debilidad del Gobierno y el aislamiento de los funcionarios. Héctor Méndez y Cristiano Rattazzi contaron en la intimidad que Kicillof está eufórico, a pesar del descontrol cambiario e inflacionario y de la recesión profunda. Ambos relataron que el ministro les dijo en privado que “ el Gobierno puede ganar las próximas elecciones.” Kicillof contó los motivos de su euforia: “ El apoyo del Papa y el éxito del acto de Máximo en Argentinos Juniors.
” Y agregó: “ Además, tenemos la consigna ‘Patria o buitres’, imbatible para la oposición ”. Los hombres de negocios escucharon petrificados la versión. Esto ocurrió a comienzos de semana, cuando el dólar no paraba de romper récords.
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