POR CLAUDIO MAZAIRA-Clarin
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21/02/13-Clarin
La legislación actual permite que un conductor acusado de homicidio culposo, aún cuando haya estado alcoholizado, quede en libertad; y eso es una falencia. Mas allá de los debates acerca de la calificación de homicidio culposo, homicidio doloso con dolo eventual o posible abandono de persona, este tipo de casos deja en claro para el conjunto de la sociedad, una nítida sensación de menosprecio por parte de la Justicia para los hechos y delitos viales, y una clara intención por parte de dicha Justicia para que no tengan pena de prisión efectiva.
Cada vez que se ha planteado ante el Congreso y distintos funcionarios modificaciones –que brinden herramientas que aseguren la credibilidad de la sociedad en la Justicia y en que estos hechos no resultaran impunes– los mismos han sido dejados de lado o girado a diversas comisiones hasta que se iban venciendo los plazos, con el objeto de no tratarlos; surge en la sociedad toda un claro sentimiento de desamparo.
Esto se da porque los familiares de las víctimas (miles de fallecidas, heridas o lisiadas a consecuencia de hechos de transito), entienden que no hay justicia de ningún tipo. En realidad (si se me permite graficarlo burdamente), es como una penitencia impuesta a un menor. Si luego no se hace efectiva, el chico aprende que esa amenaza carece de sustento o valor, ya que no sufre las consecuencias. Y no estoy hablando de mano dura, sino de hacer efectivas las condenas, aunque sean de poco tiempo, para que la sociedad sepa que las penas que prevé el código en materia vial van a ser ejecutadas, y así obtendremos el mismo respeto que tienen por las normas en nuestros países hermanos, como Uruguay y Chile.
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