Cortes: el Gobierno subió la apuesta y crece la tensión
El protocolo antipiquetes“Les daremos cinco o diez minutos y, si no se van, los sacamos”, dijo la ministra Bullrich. Los piqueteros contestaron que es un método fascista para impedir los reclamos sociales.
"Les daremos cinco o diez minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos”. Así, sin medias tintas, la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, ratificó el espíritu del protocolo que ayer consensuó con el 80% de las provincias y que estipula una receta para la actuación de las fuerzas de seguridad en piquetes y manifestaciones. Ese nuevo protocolo que impide cortes totales y parciales y que habilita a la policía a actuar por la fuerza, fue rechazado ayer por organizaciones piqueteras, de izquierda y de Derechos Humanos.
El Gobierno sabía cuáles serían los sectores que resistirían ese protocolo que divide a las manifestaciones entre las programadas y espontáneas y que avisa que se indicarán demandas civiles contra quienes dañen bienes públicos o privados. Pero también sabía y sabe que existe una gran porción de la población, se lo dicen los sondeos de opinión, que esperaba una decisión política para “terminar con los cortes”.
Esa decisión fue el protocolo, que arbitra sobre un asunto de todos los días que afecta a empleados, empresarios, desocupados y a los propios funcionarios. Se trata de derechos, convivencia y necesidades. Por eso, el gobierno de Mauricio Macri buscó no solo el apoyo de las provincias, sino que además puso el texto en Internet interpelando a la sociedad para que lo debata y envíe su opinión al Ministerio de Seguridad. No parece suficiente.
Ayer, apenas conocido el texto, la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, señaló: “El protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía y el cual proponemos derogar mediante un proyecto de ley que estamos presentando”.
La posición de Bregman la comparten los partidos de izquierda, las organizaciones piqueteras y de desocupados. También el kirchnerismo, que en 2011 con la ministra Nilda Garré impulsó su protocolo, en el que prohibía a la policía el uso de armas de fuego –también el nuevo protocolo las prohíbe en los piquetes–, restringía al mínimo su intervención y habilitaba el diálogo con los manifestantes solo a un funcionario político, no a la policía. Ese kirchnerismo es el mismo que también en 2011 aprobó la ley antiterrorista.
“Con la excusa de facilitar el tránsito, Bullrich pretende imponer por ‘protocolo’ para impedir la protesta social, promete palos y balas para que pase el ajuste. Es una respuesta fascista contra aquellos cuyo único medio para hacerse oír es salir a la calle”, advirtió el coordinador nacional del Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”, Gustavo Giménez.
En la misma línea se expresó Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. “Esto pasa porque el Gobierno va a seguir tomando medidas que no favorecen al pueblo y creen que con un protocolo van a evitar que la gente salga a la calle. Acá el tema es que el conflicto social se agravó por la inflación y la luz”, marcó.
Tampoco Héctor “Toty” Flores, hombre de Elisa Carrió y parte de Cambiemos, apoya el plan. “Hablar de esto es estar pensando que las luchas sociales serán cada vez más y creo que no será así, por eso confío que este protocolo no se utilizará”, señaló Flores a Clarín y advirtió: “No estoy a favor de la criminalización de la protesta y este protocolo prepara para eso, entonces me da mala señal”. Sin embargo, el ex líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, avisó: “Hay un plan de agitación del kirchnerismo que no tiene que ver con la protesta”.
El Gobierno sabía cuáles serían los sectores que resistirían ese protocolo que divide a las manifestaciones entre las programadas y espontáneas y que avisa que se indicarán demandas civiles contra quienes dañen bienes públicos o privados. Pero también sabía y sabe que existe una gran porción de la población, se lo dicen los sondeos de opinión, que esperaba una decisión política para “terminar con los cortes”.
Esa decisión fue el protocolo, que arbitra sobre un asunto de todos los días que afecta a empleados, empresarios, desocupados y a los propios funcionarios. Se trata de derechos, convivencia y necesidades. Por eso, el gobierno de Mauricio Macri buscó no solo el apoyo de las provincias, sino que además puso el texto en Internet interpelando a la sociedad para que lo debata y envíe su opinión al Ministerio de Seguridad. No parece suficiente.
Ayer, apenas conocido el texto, la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, señaló: “El protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía y el cual proponemos derogar mediante un proyecto de ley que estamos presentando”.
La posición de Bregman la comparten los partidos de izquierda, las organizaciones piqueteras y de desocupados. También el kirchnerismo, que en 2011 con la ministra Nilda Garré impulsó su protocolo, en el que prohibía a la policía el uso de armas de fuego –también el nuevo protocolo las prohíbe en los piquetes–, restringía al mínimo su intervención y habilitaba el diálogo con los manifestantes solo a un funcionario político, no a la policía. Ese kirchnerismo es el mismo que también en 2011 aprobó la ley antiterrorista.
“Con la excusa de facilitar el tránsito, Bullrich pretende imponer por ‘protocolo’ para impedir la protesta social, promete palos y balas para que pase el ajuste. Es una respuesta fascista contra aquellos cuyo único medio para hacerse oír es salir a la calle”, advirtió el coordinador nacional del Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”, Gustavo Giménez.
En la misma línea se expresó Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. “Esto pasa porque el Gobierno va a seguir tomando medidas que no favorecen al pueblo y creen que con un protocolo van a evitar que la gente salga a la calle. Acá el tema es que el conflicto social se agravó por la inflación y la luz”, marcó.
Tampoco Héctor “Toty” Flores, hombre de Elisa Carrió y parte de Cambiemos, apoya el plan. “Hablar de esto es estar pensando que las luchas sociales serán cada vez más y creo que no será así, por eso confío que este protocolo no se utilizará”, señaló Flores a Clarín y advirtió: “No estoy a favor de la criminalización de la protesta y este protocolo prepara para eso, entonces me da mala señal”. Sin embargo, el ex líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, avisó: “Hay un plan de agitación del kirchnerismo que no tiene que ver con la protesta”.
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