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- 23/11/15
Opinión.Dante Caputo
Un presidente sólo puede decidir una parte de la agenda de su gobierno. La mayoría de los temas que deberá tratar vienen impuestos por la realidad: mediar entre intereses, dar respuestas a demandas fuertemente instaladas en la sociedad, controlar los ataques políticos, tratar de organizar el estado y su burocracia para que funcione razonablemente bien. Luego queda un tiempo para lo que él decida hacer, lo que quiera construir, lo cual dependerá naturalmente del objetivo que se haya fijado. Excepto en el Reino del Revés –que por momentos hemos tenido- toda acción y toda prioridad corresponden a un fin.
Las cuestiones de la “sociedad de riesgo” tomaron tanto o más peso que las de la modernización o el progreso. Este concepto, acuñado por el sociólogo alemán Ulrich Beck para las sociedad altamente desarrolladas, se extiende en nuestras tierras al fenómeno muy difundido de la inseguridad frente a la amenaza, cualquiera sea esta. Los objetivos no se deciden, se imponen desde la sociedad. Se trata de metas defensivas que buscan impedir que algo suceda. Algunas veces estas situaciones se presentan inesperadamente -una catástrofe-, otras veces son peligros conocidos de antemano: destruir el narcotráfico, disminuir notoriamente la inseguridad ciudadana, desterrar el desamparo social o hacer frente a los cambios ambientales.
La protección contra el riesgo se fue convirtiendo en una demanda tanto o más importante de lo que en otra época fue el impulso a la modernización. Ahora pareciera que el impulso inicial, primario, es hacia el amparo. Una sociedad donde la incertidumbre y el temor dominan no crea la mejor atmósfera para el progreso. En esta nueva forma de demanda dominante, el futuro pierde relevancia frente a los peligros del presente. Las expectativas se centran en lo inmediato, en el corto plazo. La resolución de las demandas de esa “sociedad de riesgo” es, por lo tanto, un objetivo necesario del próximo gobierno.
Esta agenda defensiva incluye dos cuestiones particularmente relevantes. Primero, deberá detener el deterioro económico heredado del gobierno de Cristina Kirchner. Esto implica: estabilizar la economía, disminuir el déficit fiscal, reducir la inflación, facilitar el comercio interior y exterior y recrear las condiciones de un funcionamiento razonable del mercado. A su vez, el necesario ordenamiento de la economía deberá considerar uno de los principales aspectos de la sociedad de riesgo, el temor a la ingobernabilidad, que en nuestro país tiene más peso que valores e ideologías.
La sobrevida del gobierno y el bienestar básico de la sociedad se juegan en estas cuestiones. Si solo dominara una lógica estrechamente económica sin considerar las consecuencias sociales y políticas, el resultado sería un desastre. Para superar ese peligro, la mayor imaginación política y técnica de Macri y sus equipos será necesaria. De otro modo, perdería apoyo de la opinión pública (cuestión que adquiere aún más relevancia al estar en minoría en el Congreso), fortalecería a sus adversarios y se entraría en zona de turbulencia.
A estos objetivos defensivos que nacen de la “sociedad de riesgo” se suman los ofensivos, lo que Macri podría definir por sí mismo. Se trata de que su gobierno cree los fundamentos de progreso y modernización sostenidos en la Argentina. Es una tarea excepcional que puede sonar genérica o abstracta pero que podría constituir una novedad en nuestra historia. Es sencilla para decir, muy difícil para hacer. El desafío principal del gobierno que viene será lograr un cambio sostenible, que no se desvanezca, que logre auto-crearse. Se iniciaría así una nueva era en la democracia argentina.
Dante Caputo fue canciller y diputado nacional. Es politólogo y consultor internacional.
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