jueves, 26 de marzo de 2015

Nuestro derecho a conocer los datos

Operativo Nacional de Educación

¿De quién es la información que genera el Estado, con recursos del mismo Estado (es decir, de todos nosotros)? ¿Hay un dueño? ¿Somos todos? Si es así, ¿de qué modo somos “dueños”? ¿Cómo deberíamos hacernos de esos datos?
La antigua discusión acerca de la utilización de la información pública viene a cuento, una vez más, a raíz de la escasa publicación que tuvieron este año los resultados del Operativo Nacional de Educación (ONE), que desde hace más de 20 años viene llevando adelante el Ministerio de Educación.
El ONE mide los conocimientos y aprendizajes de los chicos del último año de la secundaria. Y sus resultados deberían ser útiles para planificar políticas de educación, así como son los resultados de pruebas internacionales como Pisa, de la OCDE o TERCE, de Unesco.
Hasta la última edición del ONE, de 2010, el Ministerio publicaba los resultados al año siguiente de realizado el operativo, como corresponde de acuerdo a la resolución que crea este instrumento de evaluación. Pero ahora cambió. Pasó más de un año y el Ministerio aún no publicó la información de 2013. Los datos que hoy publica Clarín son los que fueron llegando a las provincias.
Algo de esta situación ya había adelantado Sileoni en agosto de 2013, cuando presentó el ONE ante el Consejo Federal de Educación. Dijo entonces que no iban a publicar los datos para no estigmatizar a las escuelas y los distritos que no obtienen buenas calificaciones. “La posición no es alentar la competencia entre instituciones”, había dicho entonces. La información, dijo, sí llegaría a “todos los involucrados”, es decir, ministros provinciales y escuelas.
Si bien es cierto que los ministros y los directores de escuelas están entre los que más pueden aprovechar los datos –son, en definitiva, quienes toman decisiones en políticas educativas–, tan igual de cierto que los padres, y las familias, también tenemos derecho a conocer la información. A nuestra escala, también tomamos decisiones educativas.
Los del ONE no son los únicos datos que el Gobierno nacional esconde bajo las mangas. Las estadísticas del sistema universitario tampoco se actualizan desde 2011. El Anuario de ese año es el último que se puede consultar en la Web: allí hay información detallada de inscriptos, estudiantes, reinscriptos y egresados de las universidades públicas y privadas del país, así como información presupuestaria y de recursos humanos del sector universitario. ¿Qué pasó después del 2011? Sólo los funcionarios lo saben.
¿De quién es toda esta información? Quizás llegó el momento de reclamar nuestro derecho.

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