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- 19/04/15
Opinión
No hay dos iguales. Cada uno tiene sus propias ideas y hasta ideologías diversas, que van de derecha a izquierda.
Unos procuran la continuidad de las políticas y el estilo actual de gobernar. Otros prometen un cambio, pero difieren en la velocidad y profundidad que debería tener ese cambio.
Sin embargo, hay puntos sobre los cuales ningún precandidato a Presidente debería disentir. Algunos de esos puntos responden a principios éticos insoslayables; otros, a mandatos constitucionales.
Un acuerdo sobre esos temas tendría, además, un beneficio para quien fuese el próximo Presidente. Los problemas que encontrará –económicos, sociales y políticos—no podrá resolver en soledad. Y no resolverlos lo llevará a una pérdida acelerada de apoyo social. No podrá buscar los aliados necesarios en el Congreso ni en los partidos ni en los sindicatos. En medio de una gran crisis, no encontrará aliados de último momento. Ni en el Congreso, ni entre los partidos políticos ni en los sindicatos.
Es por eso que los precandidatos deben comprometerse entre sí, y ante la población, a actuar solidariamente en determinados casos. Sobre todo, quienes tienen posibilidad de llegar a la Casa Rosada.
Un acuerdo amplio favorecería también a quienes no tienen chance. Cometerían un error si esperasen hacer ganancias del río revuelto. El fracaso temprano del próximo gobierno desataría el desprestigio terminal de los políticos.
Claro está que no todos los precandidatos quieren hacer lo que necesitan.
Más de uno teme que, por poner su firma al lado de la de un rival, pierda singularidad, decepcione a algunos de sus aliados y vea reducidas sus chances.
Es difícil disuadirlos con exhortaciones a la responsabilidad y una enumeración vaga de los puntos que debería tener ese acuerdo.
Hace falta corporizar la propuesta. Mostrar que, en verdad, ningún precandidato perderá su individualidad y todos ganarán el respeto que necesita nuestra desacreditada clase política. Lo que sigue a continuación es un ejercicio destinado a mostrarlo.
Se trata de un texto posible, redactado como si fuera el acuerdo mismo. No para dictarles a los precandidatos lo que deben suscribir sino para que evalúen la factibilidad de un compromiso equivalente.
Compromiso para el cual es necesario convocar a 100% de los candidatos. Un acuerdo restringido a unos pocos no haría más que formar una facción electoral. Una cosa es que alguno se niegue a firmar y otra que no se sienta invitado.
El texto:
Los abajo firmantes, precandidatos a la Presidencia de la Nación, suscribimos el presente compromiso sin que ello implique alianza electoral alguna y sin que borre las diferencias ideológicas que podamos tener. Tampoco constituye un programa común de gobierno sino el enunciado de requisitos básicos de nuestros respectivos programas, los cuales pueden diferir sustancialmente en cuanto a la implementación de este compromiso. Bajo estas condiciones, convenimos en defender los siguientes principios, cualesquiera sean las posiciones que nos toque ocupar a partir del 10 de diciembre, sea en el gobierno o en la oposición:
1. ESTADO DE DERECHO. Respetaremos estrictamente la división de poderes, la independencia de la Justicia y los principios y garantías fundamentales que consagra la Constitución Nacional.
2. TRANSPARENCIA. Seremos intolerantes con cualquier acto de corrupción, sin importarnos quién sea el responsable, así pertenezca a nuestro propio gobierno o partido, haciendo que rinda cuentas a la Justicia sin privilegio alguno.
3. GOBERNABILIDAD. En el gobierno respetaremos celosamente los derechos de las minorías, y en la oposición no incurriremos en obstruccionismo.
4. USO APROPIADO DE LOS FONDOS PÚBLICOS. En caso de ser gobierno, no utilizaremos fondos públicos para realizar propaganda política; ni para financiar las actividades políticas de sectores propios o aliados; ni para favorecer indebidamente a los gobiernos provinciales afines; ni para otorgar beneficios arbitrarios con fines proselitistas.
5. SEGURIDAD JURÍDICA. No propondremos ni consentiremos alteraciones retrospectivas de leyes o actos administrativos ni adoptaremos medidas con el objeto de afectar específicamente los derechos de determinadas personas o entidades.
6. COMBATE A LA DELINCUENCIA Y EL NARCOTRÁFICO. Sin perjuicio de nuestras distintas visiones sobre el modo de enfrentar estos graves problemas, trabajaremos conjuntamente en el establecimiento de medidas de prevención, vigilancia y aplicación de la ley.
7. DIÁLOGO. Mantendremos un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, procurando consensos y asegurando la paz social.
Cada uno de nosotros asume este compromiso formal y públicamente, y se somete al juicio de la ciudadanía y los medios de difusión para el hipotético caso de que no lo cumpliera fielmente”.
¿Es posible que todos los candidatos coincidan en estos puntos? No solo es posible. Es inevitable, porque no estamos hablando de medios sino de fines. Y nadie puede tener fines opuestos a los enunciados en estos puntos.
¿Qué candidato se atrevería a decir que su propósito es ejercer un poder discrecional, con un gobierno indiferente ante la corrupción, autoritario, incumplidor de la ley, despreocupado de la inseguridad y cerrado al diálogo?
Se podrá decir que no hay, para un candidato, dificultad alguna en suscribir un acuerdo de este tipo y luego incumplirlo. No es así. Un compromiso formal y público, asumido como una obligación ante el país entero, no es lo mismo que una propuesta unilateral no protocolizada. La palabra de honor tiene un peso del cual carecen las meras promesas electorales.
Quien viole el compromiso tendrá la airada denuncia de los otros firmantes, la condena de los medios públicos y el juicio de la gente que creyó en su palabra. Aun así, habrá quienes juzguen que esta es una idea utópica y que el intento de materializarla es un acto de ingenuidad. José Ingenieros decía que “lo bueno posible se alcanza persiguiendo lo bueno mejor”.
Lo opuesto a la utopía es la resignación. No pugnar por un compromiso de este tipo dejaría al país expuesto a una nueva y más dolorosa frustración, y haría que los políticos dieran otro paso hacia un precipicio al cual llevarían consigo el prestigio de la democracia.
Rodolfo Terragno es escritor y político
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