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- 12/04/15
Tema del Domingo.Ex estatales, que denunciaron haber sido desplazados en sus puestos técnicos por sus opiniones, formaron una ONG para evitar que vuelva a ocurrir. Se enteraron de más casos, denuncian irregularidades y piden una ley.
Graciela Bevacqua. Ex directora del IPC del INDEC. /Gerardo Dell'Oro
“Pero vos, ¿estás o no con el proyecto?” La pregunta la escuchó Laura Haag en una reunión de la Comisión de Hidrocarburos y supo que su final como empleada en la Secretaría de Energía, después de 13 años como abogada especializada, estaba cerca. Y lo estuvo. A los diez días fue despedida “sin causa justificada” y como durante más de una década su relación con el Estado fue a través de un contrato anual no recibió indemnización.
La historia de Graciela Bevacqua, desplazada de su cargo en el INDEC por no querer “dibujar” el Indice de Precios al Consumidor (IPC); la de Silvina Martínez de la Inspección General de Justicia (IGJ); la de Fernando Scanavino, ex inspector también de la IGJ y la de Sandra Votta, echada de Cancillería por denunciar el maltrato de dos compañeras embarazadas trascendieron en diferentes momentos desde que, en 2009, se conoció la intervención del INDEC y podrían haber quedado como casos aislados si no se hubieran contactado. Entonces fue cuando al encontrarse y escucharse se dieron cuenta que “en realidad sus historias no eran únicas si no una metodología del Estado como empleador”. Decidieron unirse y formar “Juntos por el trabajo en libertad”, una asociación civil que tiene como objetivo dar a conocer la problemática, pedir una ley contra la violencia laboral dentro del Estado y ayudar a otros. En menos de un mes desde su creación -ya está inscripta, falta la aprobación- recibieron un centenar de llamados, mails a juntosporeltrabajoenlibertad@gmail.com y mensajes en su página de Facebook y la sospecha de lo que creían tuvo datos concretos. En los números parciales la práctica se replica en el Estado Nacional, en los provinciales y en los municipales. El 78% de las denuncias son de empleados del Poder Ejecutivo Nacional; el 60% de ellos son mujeres; casi la mitad está bajo tratamiento médico por la situación y sólo el 20% logró reinsertarse laboralmente después del primer año del despido.
“Cuando conversamos y empezamos a contar nuestras historias, nos dimos cuenta de que situaciones de acoso laboral no los veíamos así. Al principio en el INDEC, pensaba ‘yo hice algo, me equivoqué’. No lo ves como maltrato. ‘Me dijo que era tonta o ‘Mirá que ridiculez que estás diciendo’, como hacía conmigo (Guillermo) Moreno. A todos nos pasó en distintos ámbitos y trae secuelas. Lo reconocés cuando ya es más violento. El INDEC fue el laboratorio brutal de lo que después se extendió a otros organismos estatales”, reflexiona Bevacqua.
Por eso, agrega Martínez, “decimos que es una política del Estado porque lo que queda en claro es que cuando los casos se hacen públicos nadie del Poder Ejecutivo se contacta con el afectado para preguntar: ‘¿de verdad pasó eso?’ Es sistemático, se decidió arriba, no sé si se definió tu nombre, pero sí la política, el método”.
La tensión entre los cuadros técnicos y empleados estatales y los gobernantes de turno que asumen las riendas del aparato estatal no es nueva. Es un problema de todas los gobiernos y no sólo de Argentina. El kirchnerismo, en el poder, estableció que la lealtad es prioritaria antes que la preparación técnica, denuncia Scanavino. “Así se confunde el rol del Estado como una unidad básica, en la que se van ocupando espacios de poder. La base es la militancia, después hay otra variante: ser amigo o familiar. Y eso se repite. La confusión y el desprecio que tienen a las formas legales y a la formación es total de gente que ejerza el cargo sin ningún tipo de nombramiento o con excepciones por no cumplir requisitos (Ver “Cuando la excepción...”).
En los casos relevados también surge la precariedad en una relación laboral que puede llegar a superar la década.
La cantidad de empleados públicos ha crecido desde 2003 un 67%. En la última década se sumaron 1,5 millones de personas. El crecimiento del rubro “recursos humanos” en el Estado se da de la mano del mayor número de actividades que este lleva a cabo como, por ejemplo, con las estatizaciones de empresas. El Gobierno también aclara que es en defensa del empleo que se da esta política, pero el problema se centra en la forma: la de la contratación.
“La estabilidad del empleo público está garantizada por la Constitucional Nacional”, explica Matías Cremonte, abogado laboralista del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La incorporación de ese derecho quiso evitar que ante cada cambio de gobierno echaran a todos los empleados y pusieran a gente afín. En la década del 90, como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, pidieron un Estado más chico, entonces congelaron los nombramientos de las plantas permanentes. Así surgieron los contratos, que se renuevan anualmente, muchos con aportes provisionales y vacaciones y cuyo origen era una contratación excepcional para cubrir un cargo. “Es una práctica generalizada. Lo que pone al empleado estatal en una situación de vulnerabilidad, siempre está pendiente de que se lo renueven y así no ejerce sus derechos sindicales, por ejemplo”, explica Cremonte.
Bevacqua coincide. “La precariedad de los cargos, la falta de concursos para ocupar los puestos creó un escenario oportuno para que todo esto pasara, es muy fácil despedir gente porque se termina el contrato”. Por eso, dice Votta, es necesario concientizar a la sociedad, que “el tema esté en la agenda electoral y que haya una ley contra el acoso militante, si no vendrán otros y harán lo mismo”.
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