domingo, 26 de abril de 2015

ANSES es de goma

Más de 17 millones de personas reciben todos los meses pagos de la ANSeS

La caja del Estado

La cifra surge al sumar las jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, asignaciones familiares, Asignación por Hijo (AUH) y por embarazo.

Sin gestores. Los trámites se podrán hacer personalmente en las delegaciones de la ANSeS. / MAURICIO NIEVAS

La ANSeS es, por lejos, el organismo más importante del país. Más de 17 millones de personas cobran todos los meses algún beneficio o subsidio de la ANSeS, y el número sigue en aumento. Así, la vida de casi el 45% de la población total depende del pago en tiempo y forma que haga un organismo que, a pesar de su origen dedicado a lo previsional, pasó a tener muchas otras funciones.

La ANSeS maneja más de un tercio del gasto anual del Presupuesto Nacional. Es un financiador o prestamista clave del Tesoro Nacional y una fuente de litigios, como lo prueban los miles y miles de reclamos judiciales por reajuste de haberes.

También es un trampolín clave de la política. En los últimos años, al frente de la ANSeS estuvieron Sergio Massa, que luego fue Jefe de Gabinete, diputado nacional y ahora candidato presidencial. De la dirección de la ANSeS, Amado Boudou pasó a ser ministro de Economía, y luego vicepresidente. Y ahora su actual titular, Diego Bossio, aspira  a ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Esos 17,2 millones de pagos mensuales son, entre otros, por jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, seguro de desempleo, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) o por embarazo. Y el número sigue en aumento, porque  se están agregando más jubilados por la moratoria previsional, más beneficiarios por la ampliación del plan Progresar para jóvenes que completan la secundaria y el plan Hogar de subsidio a los usuarios de garrafas.

Estos pagos mensuales casi triplican las 6,5 millones de personas que cobraban en 2003 de la ANSeS. Así, por ejemplo, el número de jubilados se duplicó (pasó de 3,2 millones a 6,3 millones), el de las pensiones no contributivas casi se quintuplicó (de 344.000 a 1,5 millon) y se agregaron 3,6 millones de AUH y más de medio millón jóvenes de Progresar.

Esos pagos son transferencias periódicas mensuales en dinero. También hay otras transferencias, como el plan Conectar de computadoras para los chicos en edad escolar o el Plan ProCrear de créditos para vivienda. Además, ya casi todos los jubilados pasaron a ser usuarios de la tarjeta de crédito Argenta.

Según el Presupuesto 2015, la ANSeS dispone este año de $ 449.530 millones para afrontar todos esos pagos. Es el 35,8% del gasto total, equivalente a casi el 13% del PBI. Aún así, esos fondos –que se financian de los aportes y contribuciones sobre la masa salarial formal y de impuestos– van a ser ampliados en el curso del año a traves de Decretos de Necesidad y Urgencia o Decisiones Administrativas por no menos de un 30% por la mayor inflación y las nuevas jubilaciones y prestaciones.

La ANSeS también cuenta con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que suma unos 450.000 millones, de los cuales el 65% está prestado al Gobierno Nacional a través de títulos y Letras del Tesoro Nacional. El resto está en acciones de sociedades privadas, lo que le da derecho a participar en los directorios de empresas o en el financiamiento de emprendimientos públicos o privados.

La ANSeS dispone en todo el país de 440 oficinas de atención al público. Es una red muy superior a la de la banca pública. Tiene una gigantesca base de datos que le permite cruzar información de todo tipo y determinar en un par de horas, por ejemplo, quienes deben recibir el subsidio de garrafas. Por las nuevas jubilaciones y la moratoria, el año pasado procesó más de un millón de expedientes.

La ANSeS carga también sobre sus espaldas con más de 300.000 juicios de jubilados por reajuste de haberes y recibe todos los meses no menos de  3.000 nuevas demandas. Tiene previsto pagar este año unas 40.000 sentencias.

Todos estos gigantescos números colocan también a la ANSeS en el centro del escenario económico, social y político del país. Es una maquinaria de la que se vale el Gobierno para anuncios por cadena nacional – como la reciente jubilación por moratoria 450.000 o aumentos en los montos de la AUH o Asignaciones familiares– y que, por la lógica asistencial oficial, va a seguir agrandándose.

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Los analistas creen que los pagos impactan en el voto

Los casi 450.000 millones de pesos que inyecta la ANSeS en la sociedad a través de las transferencias a más de 17 millones de argentinos tienen un impacto económico indudable. No es el único: los analistas políticos y consultores de opinión pública señalan que esa formidable masa de dinero también pesa a la hora de decidir el voto de quienes la reciben.

Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit, sostiene que esos pagos influyen políticamente. “La vinculación de esos pagos con la decisión del voto es muy importante. Quien cobra un plan social, por ejemplo, ya sea mucho o poco, tiene miedo a perder eso, y en consecuencia tiende a votar al oficialismo. La gente se pone conservadora porque le da miedo perder eso. Eso se ve muy bien en las provincias, donde los gobernadores tiene grados de aprobación muy altos”, asegura la especialista en estudios de opinión.

Fabián Perechodnik, de Poliarquía, no es tan concluyente como Fornoni. “Yo tengo la percepción de que tiene impacto, sobre todo en aquellos sectores de la sociedad en que la economía personal tiene que ver con ingresos provenientes de la ANSeS. Suponemos que impacta, pero nadie lo sabe con certeza. No hay evidencias científicas que respalden esa influencia”.

Hugo Haime, en cambio, tiene encuestas que lo ayudan a sostener que hay “un correlato entre la recepción de planes y la decisión del voto”. “A nivel nacional, un 17% de las personas responden que en sus hogares reciben la Asignación Universal por Hijo. Otro 6% dice que recibe otra clase de planes sociales. En esa población, según nuestros estudios, esas transferencias inciden: un 52% de quienes las reciben se muestran como adherentes al gobierno nacional y un 58% dice que votarán a candidatos del Frente Para la Victoria”, revela Haime.

Otro de los puntos que suelen tenerse en cuenta en esta clase de análisis es el peso de los empleados públicos en la población total. Según los últimos datos publicados por la AFIP, correspondientes a 2013, en el país hay 1.419.000 personas registradas como empleados del Estado en sus tres niveles: municipal, provincial y nacional. Sin embargo, esa cuenta no incluye a los miles de personas que prestan servicios al Estado en negro, y que facturan como monotributistas.

Un cálculo más actualizado y que comprende a las personas que se encuentran en esta última situación es la que hicieron los economistas de Management & Fit. Según ellos, el cálculo de las personas que trabajaban para el sector público a fines de 2014 llega a 2,7 millones. A ese número se llega proyectando los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para toda la población del país.

Las transferencias no alcanzan para bajar el nivel de pobreza

Análisis.

Que los niveles de pobreza alcancen al 30% de la población con la ANSeS pagando todos los meses subsidios y prestaciones a más de 17 millones de personas es una de las paradojas de la actual situación social de la Argentina. Muestra la magnitud del dinero que se vuelca en jubilaciones y demás prestaciones, pero también que resulta insuficiente para modificar un cuadro social  de pauperización que se reproduce y se amplía por el estancamiento económico, el empleo en negro y la proliferación de nuevos asentamientos.

No por casualidad no hay mediciones oficiales de pobreza, aunque a pesar de todos esos pagos, según el INDEC, el 30% de la población con ingresos  percibe menos de $ 3.100 por mes y en el 30% de los hogares ingresan menos de $ 6.300 por mes, cuando una canasta familiar “de pobreza” ronda los $8.000 mensuales.

Es cierto que durante estos últimos 10 años más de 3 millones de personas pudieron jubilarse a través de una moratoria y que ahora más de millón se están jubilando con una nueva moratoria, mientras se agregaron 1,2 millones de pensiones no contributivas. Que los padres de 3,5 millones de chicos pasaron a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). O que ahora 1,8 millón de personas están recibiendo un subsidio directo para la compra de gas en garrafa.

Todos esos beneficios ayudan a mitigar algunas de las carencias de toda esa gente, pero no modifican, y más bien consolidan, la estructura precaria y desigual del país. Por eso no son un testimonio de “inclusión social” ni de “nuevos derechos” sino de un asistencialismo precario, por los bajos montos de los beneficios, y por el deterioro que sufren por la inflación. Y es una confesión de que hacia delante toda esa gente no tendrá un destino diferente al actual.

Es que el asistencialismo tiene límites insalvables. Es una gran ayuda en una emergencia pero no puede ser ni permanente ni sustituir la necesidad de un desarrollo integral con trabajo formal.

Tiene además el defecto de que se financia con dinero de la ANSeS, que debería destinarse a mejorar los haberes jubilatorios y a restituir el 82% móvil. Así, lo que hay es una redistribución de la pobreza: en este caso, de los jubilados hacia otras familias pobres, mientras se destinan sumas muy mayores para subsidios a grupos económicos o para el pago de los servicios de la deuda, sin reparar en las altísimas tasas de interés en dólares.Desde el ángulo político, el asistencialismo va de la mano del clientelismo, algo que se encargan de vincular y de subrayar los funcionarios en cada campaña electoral.

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