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- 03/12/14
Resolución judicial.Lo dispuso un fallo de Casación. Consideró que los detenidos deben tener los mismos derechos y garantías laborales que el resto de la población, como ganar el salario mínimo.
Infografía interactiva de las cárceles en Argentina. (Clarin Data)
Un trabajador es un trabajador. No importa que esté preso y trabaje en la cárcel o lo haga en libertad, dentro de una oficina. Ambos tienen los mismos derechos y por eso sus condiciones deben ser iguales: sueldo mínimo vital y móvil, aguinaldo, vacaciones, licencias justificadas, ART, condiciones de higiene y seguridad, aportes jubilatorios. Así podría sintetizarse un fallo firmado el lunes por la Sala II de la Cámara Federal de Casación que, ni bien se hizo público, generó debate y polémica.
Los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David marcaron con su firma un antes y un después en cuestión de trabajo intramuros. Su fallo, en principio, sería de aplicación casi automática para los internos que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que el reclamo original partió de un preso alojado en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Pero sienta un precedente al que podrían apelar los detenidos de las cárceles provinciales.
El preso en cuestión es un croata de 35 años, tras las rejas desde el 2002 por robos y homicidio criminis causa, que ya había tenido éxito con otros planteos: logró que le dejaran recibir las encomiendas que su familia le mandaba de Croacia, y también que en su sector de la cárcel funcionara un teléfono habilitado para recibir llamadas del exterior. Su libertad condicional está pautada recién para 2022.
En este caso, el croata presentó un recurso de hábeas corpus colectivo correctivo denunciando el agravamiento de sus condiciones de detención y la de sus compañeros de los pabellones A, B, C y D del Módulo V de Ezeiza. Afirmó que los internos que trabajaban allí perdían su jornal si estaban enfermos, recibían visitas, asistían a clases o debían asistir a los tribunales.
Su reclamo rebotó primero en la Justicia federal de Lomas de Zamora (con jurisdicción en el penal de Ezeiza) y luego en la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata. Fue así que llegó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta no sólo le dio la razón: estableció que, más allá de estar entre rejas, los presos deben tener los mismos derechos y garantías laborales que el resto de la población.
Una vez argumentado esto, los jueces dispusieron que el Ente de Cooperación Penitenciaria del SPF, junto con los ministerios de Trabajo y Justicia, elaboren un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que esté acorde con la ley.
"Para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares -entre otros- el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad. En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio: el trabajo digno dignifica al hombre", sostuvo en su voto Alejandro Slokar.
En palabras más sencillas, lo que el juez dijo en el fallo apunta al centro de la cuestión de fondo en el tema inseguridad: un preso que trabaja, que se reinserta en la sociedad, es una persona que no vuelve a delinquir. Si el sistema lo ayuda se cumple con la Constituición Nacional que, en su artículo 18, señala: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas".
El actual sistema de trabajo en cárceles se basa en jornales: cada hora se paga 22 pesos y ese dinero lo administra el SPF, que en 2013 tenía a casi 10.000 internos alojados. Mensualmente el preso puede retirar hasta el 70% de su salario mientras que el 30% restante se acumula para cuando recupere la libertad ("Fondo del penado").
En general, en los grandes complejos penitenciarios, como el de Ezeiza, el trabajo consiste en limpiar pabellones, servir la comida y tareas de granja o de taller.
"Hoy calculamos que sólo el 35% de los detenidos en cárceles federales logra completar las 40 horas semanales (lo necesario para llegar al sueldo mínimo, de $ 4.400)", explicó a Clarín Ariel Cejas, director general de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria.
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