Grecia acepta un feroz ajuste a cambio del rescate y evita salir del euro
El Parlamento debe aprobar para el miércoles un aumento del IVA, recorte de las jubilaciones y del gasto público. Y para octubre, un paquete de privatizaciones y reforma laboral. No habrá quita de deuda.
- Clarín
- 14 Jul 2015
- Idafe Martín elmundo@clarin.com
Europa le exige una suba del IVA, reducción de pensiones, caída de derechos laborales y privatizaciones.
Tras cinco meses de tira y afloja y un tremendo final de 17 horas de cumbre sin pausas, el primer ministro griego Alexis Tsipras dejó de luchar. El premier heleno, ante la amenaza del default y la salida del euro, con un corralito que lleva dos semanas activado, claudicó ante la mayoría de las condiciones que la Eurozona, al mando de la Alemania de Angela Merkel, le impuso para prestarle durante los próximos tres años entre 82.000 y 86.000 millones de euros: 25.000 millones irían a recapitalización bancaria.
Francia e Italia ayudaron en la negociación a Tsipras para suavizar algunas de las condiciones. España se unió al grupo de los halcones que capitaneó Alemania con Finlandia, Holanda, Eslovaquia y los bálticos.
El presidente francés François Hollande dijo ayer que “nada habría sido peor que humillar a Grecia”. Hollande habló de un “acuerdo histórico porque Grecia permanece en la zona euro”. Angela Merkel, que sale reforzada internamente de esta crisis pero que será vista de forma diferente en el resto de Europa, dijo que Grecia “mostró su disponibilidad para acometer los ajustes y reformas” y que “lo im- portante ahora es poner en marcha lo acordado rápidamente”.
El acuerdo es durísimo y el calendario limitado. Atenas debe legislar antes de la tarde del miércoles las subas de IVA y los recortes de pensiones, asegurar la independencia del INDEC griego y aprobar un sistema de recortes de gasto automáticos en caso de desviación del objetivo de superávit fiscal, que nunca podrá ser menor del 3,5% del PBI a partir de 2018. Las medidas que Tsipras llevará ya hoy al Parlamento griego hacen temer que todo descarrille porque su partido Syriza podría dividirse.
Sólo cuando Grecia cumpla, los ministros de Finanzas de la Eurozona darán formalmente a la Comisión Europea el mandato de negociar los aspectos financieros del rescate, tras la aprobación por seis parlamentos europeos, entre ellos el alemán.
Mientras tanto, el Banco Central Europeo, para que todo este andamiaje no se caiga, deberá mantener las líneas de liquidez de emergencia a la banca griega. Europa estudiará estos días la forma de que Grecia pueda pagar el próximo lunes al BCE un vencimiento de deuda de 4.200 millones de euros, otro de casi 5.000 millones a mediados de agosto y de que cierre el impago de casi 1.600 millones de euros al FMI del pasado 30 de junio.
Atenas deberá, antes de finales de octubre, legislar una batería de medidas durísimas: una reforma laboral que lamina el poder de los
gremios, dificulta las huelgas y facilita los despidos colectivos; y otra reforma que liberalice su economía y agilice los desahucios. Tendrá que privatizar puertos, aeropuertos y hasta la empresa nacional de electricidad. Ese programa de privatizaciones intentará conseguir en los próximos tres años hasta 50.000 millones de euros, el 27% de la economía helena. La mitad de lo que se consiga irá a pagar vencimientos de deuda, una cuarta parte a recapitalización bancaria y sólo el 25% restante podrá dedicarse a inversiones. Ese fondo de 50.000 millones, supervisado por los acreedores –y que ningún diplomático europeo consideraba anoche serio porque no ven dónde encontrará Atenas activos por ese monto– es la excusa para considerar que la deuda griega es sostenible, evitar las quitas y permitir que el FMI siga participando en el rescate. Una especie de aval que nunca se exigió en otros rescates: si Grecia no paga, los europeos se quedarán con los activos. Grecia no podrá aprobar ninguna medida legislativa que tenga efectos económicos sin antes recibir el visto bueno de los acreedores, una cláusula que no tiene ningún otro país europeo. Deberá anular toda su legislación de los últimos meses –excepto las medidas contra la crisis humanitaria– que tenga efectos económicos. Tsipras también tuvo que renunciar a una clara referencia a una futura reestructuración de deuda.
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