Políticos condenados, pero que no van a la cárcel

POR DANIEL SANTORO – www.clarin.com

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• La columna

26/04/14

El cura Julio Grassi fue condenado por abuso de menores en el 2009 a 15 años de prisión, pero recién fue a la cárcel el año pasado. El ex presidente Carlos Menem fue condenado a 7,5 años de prisión por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en junio del año pasado y sigue libre. La ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray fue condenada esta semana por un tribunal oral a 4 años de prisión, luego de haber sido condenada en el 2004 a 3 años y el año pasado a otros 4 años y sigue libre, porque apelará a la Cámara de Casación Penal y eventualmente ante la Corte.

No se trata de limitar el derecho a la defensa de nadie, pero la pregunta es ¿cuándo, entonces, una condena queda firme?

Cada tribunal tiene una jurisprudencia distinta. En la universidad me enseñaron que la Corte está únicamente por cuestiones constitucionales pero muchos apelan a ella por temas menores. Cuando se lanzó la reforma penal del ex ministro de Justicia de Menem, León Arslanián, en los ´90, se dijo que se pasaba a los tribunales orales para agilizar los juicios.

Sin embargo, en la Argentina hay 750 causas abiertas por corrupción cometida por funcionarios y ex funcionarios desde 1986 a la fecha, donde se investiga el robo al Estado de más de 10 mil millones de dólares, según un informe del Centro de Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Y las causas tiene un promedio de duración de 14 años.

A ese retraso, que beneficia a los delincuentes de cuello blanco por sobre los delincuentes comunes, hay que agregarle el hecho de queningún juez puede decidir ahora cuándo una condena es cosa juzgada.

Como dice el abogado Ricardo Monner Sans, los legisladores, además, de discutir la actual reforma al código penal deberían sancionar una ley que determine claramente si una condena de un tribunal oral -después de pasar por tres instancias de apelación- es cosa juzgada.

Así el condenado irá preso, como sucede en buena parte del mundo, y desde su celda podrá reclamar si tuvo un debido juicio. Y lo más importante, legislar para que el juez de instrucción puede inhibir bienes inmediatamente porque recuperar ahora esos 10 mil millones de dólares -que la última estimación, asciende la cifra a 13 mil- para puedan volver al Estado, es decir al bolsillo de todos los argentinos es casi una misión imposible. No puede ser que en más de 30 años de democracia solo se haya recuperado el petit hotel de María Julia.